La mitad de las comunidades agricolas de la region tendra planes de desarrollo
Documentos se confeccionarán según las necesidades de cada grupo y su contexto geográfico. Con ellos podrán avanzar en temas de infraestructura, medioambiente y principalmente manejo del recurso hídrico.
Las comunidades agrícolas son una forma ancestral y colectiva de tenencia de la tierra en los sectores del secano. Sus orígenes están ligados a la Colonia cuando los herederos de una familia recibían trozos de terreno. Así, paulatinamente, vastos territorios —el 25% de la región de Coquimbo— quedaron vinculados a ciertas familias hasta que en 1968 se legalizó esta forma de ocupación y quedaron al alero del ministerio de Tierras y Colonización, actual ministerio de Bienes Nacionales.
Dentro de estos grupos cada persona tiene derecho a usar una parte de tierra, hecho conocido como goce singular. Ahí puede cosechar, extraer minerales y pastorear sus animales —generalmente cabras— pero también tiene derecho a votar respecto a decisiones que afectan a toda la comunidad.
Esta forma organizativa ha permanecido inalterada durante siglos y generalmente son desconocidas por los habitantes de sectores urbanos. “Esa invisibilidad y la falta de políticas que consideren a las comunidades como tales ha favorecido un progresivo proceso de desintegración del sistema comunitario, con grupos que individualizan sus dominios a empresas agro exportadoras”, dice Mirta Gallardo, presidenta de la federación nacional que agrupa a estas entidades.
Sin embargo, la Asociación de Comuneros Agrícolas del Limarí—también liderados por Gallardo— sintió la necesidad de cambiar y hacia 2002 empezaron un proceso de fortalecimiento con mejoras de liderazgo, búsqueda de financiamiento y planes de desarrollo. La propuesta fue presentada en 2007 a Bienes Nacionales, que otorgó $191 millones a través del FNDR, para que se elaboren planes de desarrollo para 93 comunidades agrícolas de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa.
“No es una propuesta que nace del Estado, ni de los técnicos. Sale desde las comunidades que ‘viven’ el territorio día a día, que vienen de un sistema ancestral que ha sido históricamente vulnerable, porque sus terrenos están fuera de la cota de riego y poseen una extrema dependencia a las precipitaciones. Además se acentúa esta situación de vulnerabilidad con el complejo escenario hídrico que se avecina para la región”, comenta Rubén Castillo, coordinador del proyecto y miembro del Instituto de Promoción Agraria (Inproa) que hace el estudio.
En total es el 50% de las comunidades de la región—unas 18 mil personas— que tendrán planes de desarrollo de acuerdo a las realidades particulares de cada una. Estos se construirán a partir de las demandas que plantean los propios comuneros y el contexto territorial donde se ubican. A partir de ahí tendrán líneas de acción para distintas áreas: cómo mejorar en el tema social, avanzar en infraestructura, incrementar el cuidado ambiental y principalmente recoger las demandas y propuestas asociadas al acceso a los recursos hídricos.
La idea es entregar los documentos a partir de marzo 2010 en la mediada que se vayan elaborando, tras cuatro etapas de trabajo que incluyen talleres de trabajo, entrevistas y visitas a terreno. Ello permitirá que los comuneros puedan acceder de mejor forma a los programas y concursos gubernamentales. “Hacemos una matriz de inversiones y esa se amarra con una iniciativa, cuánto cuesta, y quién la puede desarrollar o dar una solución (...) la idea es canalizar la demanda de forma más organizada”, precisa Castillo
Entre los comuneros hay esperanzas de lo que pueden lograr a través del proyecto. “En parte importante creemos se relaciona con la posibilidad efectiva de preservar el sistema comunitario y que no se profundice el fenómeno de desintegración. Además estos planes considerarán la verdadera demanda de las personas comuneras”, dice Mirta Gallardo.
Políticas públicas
La idea del proyecto no sólo es entregar los documentos a las comunidades. También es poder avanzar en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de quienes viven en estos sectores rurales, explica Castillo.
De hecho la seremi del ramo, Mónica Bazán, reconoce que “al sistema público le ha costado percibir la especificidad del sistema comunitario y adecuar los programas y concursos a una realidad tan regional como es el de comunidades agrícolas”, aunque recalca que se ha trabajado para evitar la desintegración de estas formas organizativas con la creación de una Oficina Técnica de Comunidades Agrícolas donde se regularizan los goces singulares.
“Si el estudio es capaz de rescatar las perspectivas y expectativas de cada comunidad, ayudando a ordenar sus estrategias, podrán generar un proyecto global que legitimará democráticamente la demanda comunitaria ante los diseñadores de las políticas públicas”, dice Bazán.
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