Juzgado Civil de Illapel dicta orden de arresto para alcalde Gallardo por no pago de deuda

De los $644 millones que ingresaron a las arcas municipales durante la administración de Gerardo Rojas, sólo se pagaron 150 millones de pesos. De los $644 millones de la segundo cuota, que Los Pelambres pagó durante la corta administración alcaldicia de Enrique Tapia, no se registraron pagos a la constructora. De ahí nace la deuda.

El pasado 7 de agosto del año 2018, el Tribunal Civil de Illapel dictó sentencia en la causa Rol C-830-2017, condenando a la Municipalidad de Salamanca al cumplimiento de contrato por $1.031.944.364, por el proyecto de Soterramiento de la Avenida Infante.

“Que, se acoge la demanda deducida con fecha 02 de noviembre de 2017, por don Leonardo Marcelo Onetto Berlín, en representación de Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A, en contra de Ilustre Municipalidad de Salamanca, representada legalmente por su alcalde Fernando Gallardo Pereira, todos ya individualizados; en cuanto se le condena al cumplimiento del contrato celebrado, debiendo pagar al demandante la suma de $1.031.944.364, más intereses hasta la fecha efectiva de su pago” señala la sentencia, que además ordena el pago de costas e indemnización de perjuicios a la Municipalidad.

Debido al incumplimiento de pago, la empresa demandante solicitó la orden de arresto para el alcalde Fernando Gallardo. “Que la parte demandante solicita se dicte orden de arresto en contra del alcalde Fernando Gallardo Pereira, sin más trámite, por el tiempo que se estime prudencialmente y se repita hasta que el alcalde cumpla con dictar el decreto de pago correspondiente a la causa” señala el escrito presentado al Juzgado Civil.

Vinka Pusich, abogada de la Municipalidad de Salamanca señaló que la “demandante podría proseguir el cobro de lo adeudado conforme los procedimientos de apremio”, argumentando lo establecido en el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil, en relación a embargar y a enajenar bienes.

Sin embargo, Puerto Principal argumentó que los bienes son inembargables y ha insistido en la “inexistencia de otro mecanismo tendiente a obtener el cumplimiento de la obligación de pago, por cuanto en otros casos que sigue contra la Municipalidad alega haber embargado especies y posteriormente la demandada interpuso sendos incidentes de inembargabilidad”.

Cómo se originó la deuda

Al interior de la Municipalidad de Salamanca hay consenso: las responsabilidades por el cuestionable manejo de los recursos son compartidas. Por lo mismo, solicitaron que Minera Los Pelambres asumiera la responsabilidad de pagos pendientes, de la primera etapa del Viva Salamanca.

Ahora bien, Minera Los Pelambres argumenta que ingresó los 1.985 millones de pesos a las arcas municipales. El 8 de julio de 2016 pagó $644.728.000. Un segundo pago se registró el 30 de noviembre, bajo la corta administración comunal de Enrique Tapia, por un monto igual, $644.728.000. El tercer, y último ingreso de recursos, se hizo el 20 de diciembre, por $696.447.146.

De esos fondos, se registraron 5 pagos a Puerto Principal, y 1 a la empresa de factoring ligada a la constructora. El primer pago, se registró el 18 de noviembre de 2016, y provenía de la primera cuota. El problema es que de los 644 millones que ingresaron a las arcas municipales durante la administración de Rojas, sólo se pagaron 150 millones de pesos. De los $664 millones de la segundo cuota, no se registraron pagos a la constructora. Tampoco, se tiene claridad absoluta de dónde acabaron esos fondos.

Los estados de pago 1, 2, 3, 4 y 5, se hicieron durante la administración del alcalde Gallardo. Esos estados de pago, suman $696.447.146, que corresponden a los fondos ingresados bajo la administración de Gallardo.

Si bien, el manejo de los fondos era competencia del Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad, el mismo acuerdo en su artículo 5, determina la constitución de un directorio que debía velar por el cumplimiento del convenio. En aquel directorio debía participar el intendente regional, o su representante, el alcalde de Salamanca, y un Ejecutivo de Los Pelambres. Ellos debían cautelar “la ejecución de los acuerdos”. Así mismo, se fijaba un Comité Ejecutivo, que tenía responsabilidades en torno a las “rendiciones de cuentas de los aportes”. Hasta hoy, el Gobierno Regional no ha asumido su cuota de responsabilidad.

La mesa técnica del Viva Salamanca se reunió el pasado 23 de agosto de 2017 en la Casa Viva Salamanca. En la oportunidad, Silvana Cortés, ITO del proyecto, informó que hasta el 18 de agosto, el proyecto de Soterramiento tenía un 94,7% de avance, y el proyecto de Mejoramiento, financiado con fondos del Gobierno Regional, un avance del 96,35%. El plazo de ejecución culmina el 5 de noviembre.

Puerto Principal ingresó una demanda civil, y se establecieron una serie de medidas prejudiciales. Puerto Principal no podrá continuar con las obras, la Municipalidad no podrá cobrar las boletas de garantía, y ninguna de las partes puede intervenir la Avenida Infante. Ni la Municipalidad, ni CONAFE, podrían restablecer el alumbrado público, hasta que el tribunal revierta la medida. De acuerdo a la demandante, Gallardo fue notificado de la prohibición.

El Diario de Salamanca se comunicó con el presidente del Directorio de Puerto Principal, Ernesto Andrade López. Visiblemente molesto, el ejecutivo advierte que hay un delito de estafa. “Cuando alguien encarga algo que no puede pagar, hay delito”. Andrade argumenta que la Municipalidad “siempre dijo que estaba buscando la solución”. “Hay una intención de ejecutar un proyecto, y no advertir que no hay plata. Eso es una estafa. En el Comité Ejecutivo velaron solo por el estado técnico y no por el estado financiero”.

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